Advertencia de contenido: Esta historia contiene descripciones de acusaciones de agresión sexual que involucran a niños.
Si usted o alguien que conoce ha sufrido una agresión sexual, visite la Línea Nacional de Ayuda para Víctimas de Agresión Sexual de RAINN para obtener asistencia. Llame al 800.656.HOPE (4673), chatee en RAINN.org/hotline o envíe un mensaje de texto con la palabra “HOPE” al 64673.
HOBBS — Larissa tomó una pausa mientras se dirigía a tomar la puerta del salón de detención el lunes, 27 de abril. A la vez que la campana del primer módulo sonó por el interlocutor, la estudiante de séptimo grado tomó un respiro y jaló de la manija de la puerta. Se adentró al salón con otros 10 estudiantes a quienes se les había castigado con una suspensión tomada dentro del plantel de la secundaria de Hobbs, todos con sus pupitres hacia las paredes.
Mientras un miembro del personal dirigía a Larissa, de 13 años, a su pupitre, otros en el salón se burlaban. Ella no pertenecía ahí. Larissa era una estudiante del cuadro de honor, la favorita de los maestros quien solo había tenido un citatorio por traer el celular en clase, el año pasado. Sacó sus deberes de clase de su mochila y trató de no llorar.
La suspensión interna, o como le llaman los estudiantes, OCS, es generalmente reservada para infracciones severas — como peleas en los pasillos, uso de drogas en la escuela y amenazas a maestros.
El incidente que la llevó a ese salón era realmente serio. Les había reportado a los administradores de la escuela que había sido violada en el plantel.
Nadie en la escuela le creyó. Y al parecer, tampoco la policía.
Cuando le llamaron a Larissa de la oficina del director, semanas antes, para dar su versión de los eventos, el personal de la escuela ya sabía lo sucedido. Al igual que muchos otros estudiantes. Un video de un encuentro sexual con otro estudiante de séptimo, sobre el césped irregular detrás de dos edificios metálicos, portátiles y color beige, había sido grabado por espectadores y traspasado oncesasamente de una cuenta de red social a otra. Directores de otras escuelas en el distrito de Hobbs ya habían reportado a la policía que sus estudiantes también ya se estaban pasando el video.
Para cuando ella ya había llegado a la OCS, otros estudiantes en el salón ya lo habían visto — Larissa estaba segura, según afirmó al describir los detalles de su periodo de suspensión en una serie de entrevistas con Searchlight. Mientras trataba de enfocarse en su trabajo, ellos susurraban el nombre del chico, quien, tres semanas antes, ella había denunciado a las autoridades escolares que la había violado. Con cada susurro, los estudiantes trataban de sofocar las risitas, para que el maestro que los cuidaba no les diera un citatorio por romper la regla de “no hablar”.
Larissa dice que había sido insistente — cuando la llamaron a la oficina del director, dice que le insistió al personal de la escuela que su “encuentro” no fue consensuado y había sido forzada al suelo y abusada. Más tarde le contó la misma historia a su madre y a otro profesional involucrado en el caso, quien confirmó la versión de Larissa al Searchlight. La persona pidió quedarse en el anonimato debido a su puesto vulnerable relacionado con niños y no está autorizada para hablar con los medios. Larissa pidió que se la llamara por su segundo nombre para este reportaje.
Un abogado del chico involucrado no respondió directamente a las preguntas sobre el acontecimiento, diciendo en un correo electrónico que no tenía “ningún comentario sobre la naturaleza consensuada de la relación.”
Un reporte como el de Larissa debería impulsar dos líneas de investigación. Dentro del artículo Title IX, la ley federal de los derechos civiles de los estudiantes, el personal escolar debe realizar una investigación profunda por su propia cuenta, desenrollando preguntas complejas y sensibles que vienen con acusaciones de violencia sexual entre menores, asegurando que la educación del menor no sea afectada. Mientras tanto, la policía debería llevar a cabo una investigación sobre si el incidente fue resultado de coerción de cualquier parte y, si sí, comenzar una investigación criminal.
Esa investigación podría involucrar entrevistas con la enfermera, quien realizó la examinación de abuso sexual de Larissa, sus amigos, su terapeuta y otros testigos de protesta quienes hayan hablado con la menor.
Los expertos entrevistados para este reportaje señalaron que los investigadores podrían, y deberían, emplear técnicas basadas en un enfoque de atención informada sobre el trauma para examinar la dinámica de la relación entre los menores — la cual, según Larissa y su madre, se caracterizaba por el abuso y la violencia — e investigar si alguno de los estudiantes tenía antecedentes de violencia sexual o doméstica.
Estas cuestiones revisten especial urgencia en Hobbs, donde los 52.000 habitantes de esta dinámica zona de petróleo y gas del sureste de Nuevo México denuncian violaciones y agresiones sexuales a una tasa 2,5 veces superior a la media nacional, según datos federales. Encuestas estatales han revelado que los estudiantes de Hobbs sufren niveles elevados de agresiones sexuales.
Algunos estados ofrecen protecciones legales y vigilancia de su parte, las cuales pueden ser más robustas que las que provee el Title IX. Sin embargo, en lo que respecta a la agresión y el acoso sexual en las escuelas, Nuevo México se remite al gobierno federal.
El Departamento de Educación Pública (PED) del estado “actualmente no tiene una ley independiente o procedimiento que requiera reportes y adjudicaciones de quejas [o] reportes de abuso o acoso sexual entre estudiantes,” según Jannell García, una portavoz del PED. La agencia “no tiene un proceso de apelación por presunto mal manejo de una queja de acoso o agresión sexual.”
Y muchas protecciones federales para estudiantes han sido debilitadas por recortes de personal y minimización por parte de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos para hacer cumplir esas protecciones. El cual ha cambiado su enfoque a atletas transgénero y otros temas que van acordes con las metas de las políticas de la administración de Trump.
A falta de supervisión estatal y federal, las autoridades escolares locales suelen ser los árbitros finales en los casos de agresión sexual y discriminación por motivos de género en el entorno escolar.
Para las autoridades escolares de Hobbs, este parecía ser un caso claro y evidente. Los dos estudiantes habían estado saliendo hasta que Larissa terminó la relación semanas antes del incidente detrás de los portátiles, según ella y su madre. Crucialmente, los administradores que vieron el video no pensaban que ella estuviera defendiéndose o llorando — tal como describió a Searchlight el superintendente municipal de las escuelas de Hobbs, Gene Strickland, “la evidencia que pudimos obtener no indicaba que la niña estaba en apuros.”
“Cada vez que tenemos un caso de esta naturaleza, lo analizamos con un criterio de Title IX para ver si una investigación de Title IX debe ser llevada a cabo,” Strickland dijo, al preguntársele qué medidas había tomado el distrito tras el informe de Larissa. “Y basada en la evidencia que teníamos disponible, no creímos que Title IX fuera necesario.”
“Ese incidente fue manejado según el código criminal juvenil y según las políticas y procedimientos de las escuelas de Hobbs,” dijo.
Lo que Larissa afirmó como violación, las autoridades escolares lo determinaron como una infracción al código de conducta de los estudiantes, una infracción que requería acción disciplinaria tanto para Larissa como para el chico involucrado.
Para los expertos en la psicología del trauma, no defenderse o pedir ayuda, como describen las autoridades escolares el comportamiento de Larissa en el video del presunto abuso, es una reacción predecible.
“Entre más estresada una persona esté en una situación como una agresión sexual, es más probable que tenga un deterioro de la parte racional y deliberada de su cerebro,” dijo el Dr. Jim Hopper, un psicólogo clínico y docente asociado en la escuela de medicina de Harvard, quien entrena y da consultas a policías y fiscales alrededor del mundo.
“Algo común es que, en el principio, cuando se dan cuenta de que están siendo agredidos o a punto de serlo, las personas se paralizan repentinamente. Todo se congela. Su mente se queda en blanco. Ver el video y simplemente ignorar lo que la niña dice que vivió — eso no es una investigación. Eso es incompetencia.”
Los administradores escolares alertaron a la policía de la situación el 7 de abril, el día en que el personal se enteró de que un video del presunto abuso estaba circulando en la escuela. Ese mismo día llamaron a los padres de Larissa, quienes fueron a recogerla a la oficina del director.
Larissa y su mamá salieron de la escuela y manejaron a una clínica local para un examen forense por agresión sexual. Larissa marcó en el cuestionario que el examen sea enviado a las autoridades policíacas.
“Al menos la policía llegará al fondo del asunto,” recuerda Ivana Hernández haberle dicho a su hija mientras salían de la clínica.
Sin embargo, la policía concluyó rápidamente que no se había producido ninguna violación. En un informe policial elaborado tras la visita inicial del agente a la escuela, el oficial de la policía determinó que el encuentro entre los dos menores de 13 años “será consensuado, dada su edad.”
En vez de investigar la presunta violación, las autoridades confiscaron los celulares de los estudiantes que compartieron el video y lo usaron como evidencia para una posible investigación sobre distribución de contenido explícito de menores según los récords policiales. Los informes no describen el contenido del video, y no está claro qué parte de la presunta agresión captó la grabación.
La policía de Hobbs declinó comentar para este artículo, pero dijeron que la investigación sigue en pie.
Indiferencia deliberada
Mientras Larissa permanecía en la sala de suspensión, su madre estaba sola en casa, haciendo una llamada tras otra a la policía. El detective no contestaba el teléfono, dijo Hernández. También llamó a la escuela, según dijo, exigiendo que se le levante la infracción del récord disciplinario de su hija y que se le ofrezca asesoramiento.
Sobre todo, Hernández dijo que suplicó que alguien — quien fuera — escuchara la insistencia de su hija de que había sido agredida sexualmente.
“¡Les dijo a todos que no fue consensuado!” Hernández dijo, exasperada, en una entrevista con Searchlight. “Se lo dijo a los maestros, se lo dijo al director, se lo dijo a la policía. Yo estaba ahí cuando se lo dijo. ¿Cómo es posible que no investigaran siquiera si decía la verdad?”
La escuela había tomado su decisión, recuerda que le dijeron los funcionarios. El chico involucrado había sido transferido a otra escuela en el distrito y ya no debería ser un problema para Larissa. En un email, el superintendente ofreció sus condolencias.
“Por favor sepa que estoy orando por [Larissa] y por su familia,” Strickland escribió a Hernandez. “Mi oración es que ella no deje que las experiencias de los últimos meses la definan y se permita así misma llevar un camino que sea positivo y productivo.”
Como muchos padres, Hernández dijo que no sabía del proceso de Title IX, o de las leyes estatales que podrían aplicar al caso de su hija. Ella y Larissa habían estado en Hobbs apenas dos años, lo último en una serie de mudanzas desde que Hernández llegó a Estados Unidos desde Guatemala hace ocho años, de los cuales había pasado en un refugio para mujeres para escapar de la violencia doméstica que vivía en casa.
Hernández describe cómo vio florecer el talento académico de Larissa, un elemento de estabilidad en sus vidas mientras se mudaban de estado a estado y escuela a escuela, siguiendo la profesión de su padre, un ingeniero nuclear en Georgia, Nevada y ahora Nuevo México.
Para cuando cursaba el séptimo grado, Larissa se estaba adaptando a su nueva escuela, explicó Hernández. Se volvió clarinete principal en la banda escolar, tomaba clases avanzadas, y apoyaba a los maestros, ayudando a sus compañeros con sus deberes después de la escuela.
Los estudios sociales eran su materia favorita —- esperaba que sus clases en el estudio del comportamiento humano algún día la llevaran a una carrera como psicóloga forense para el FBI. Demostraba un talento para la ciencia. A tan solo semanas antes de la presunta agresión sexual, el distrito escolar la presumía en sus redes sociales, resaltando su medalla de bronce en la competencia de anatomía en la Olimpiada de Ciencia Estatal de New Mexico Tech University.
Pero socialmente, Hobbs había sido una transición difícil. El paso de la escuela primaria a la secundaria puede resultar difícil para cualquier niño, especialmente para uno recién llegado de otra localidad, y Larissa no estaba preparada para las rígidas jerarquías sociales ni para el acoso que, según ella, eran habituales en la cultura estudiantil del distrito.
Aún más inquietante era la nueva, casi constante, pasarela de peleas y fotos y videos sexualmente inapropiados en las redes sociales de los estudiantes, los cuales Larissa veía con una frecuencia incómoda.
Muchos de esos videos muestran altercados entre estudiantes —algunos de ellos extremadamente violentos, según un análisis de más de 20 videos facilitados a Searchlight por estudiantes actuales y antiguos. Entre ellos, están incluidos un clip de un estudiante haciendo un gesto que parece ser una señal de pandilla con su mano derecha, su camiseta blanca manchada de sangre después de un apuñalamiento en la preparatoria, y un video de un estudiante convulsionado en el piso después de ser pateado en la cabeza en el pasillo.
Otros videos son de naturaleza sexual.
Antecedentes policíales demuestran que en los últimos tres años escolares, oficiales han sido mandados a las escuelas del distrito para investigar 22 incidentes reportados de pornografía o explotación infantil — llamadas sobre estudiantes compartiendo fotos de desnudos o videos sexualmente explícitos de otros estudiantes sin su consentimiento. (Según los antecedentes policíales, los oficiales cerraron la mayoría de las carpetas de investigación porque las víctimas no querían hacer una denuncia formal.)
“Las niñas no pueden estar por sí solas” en la escuela sin arriesgarse a ser acosadas o grabadas, dijo Larissa en una entrevista con Searchlight. “Tienen que estar en grupos, no pueden ir al baño solas. Eso no debería estar pasando en una escuela. Los estudiantes, y especialmente las niñas, tienen miedo todos los días.”
Esos incidentes han llevado al distrito escolar a juicio en diferentes ocasiones.
Los padres de los estudiantes de Hobbs han hecho cinco demandas civiles en la últimos tres años escolares, alegando que presuntamente sus hijos han sido abusados sexualmente o físicamente en el plantel — una niña de jardín de infantes que experimentó ideas suicidas después de ser agredido sexualmente por otro estudiante en un baño de la escuela, una estudiante que fue abusada sexualmente y frecuentemente por un grupo de niños de otra primaria, y un estudiante de preparatoria que tenía el hábito de tomar fotos pervertidas de las estudiantes.
En todos los casos, las demandas alegan que la escuela falló al tomar pasos para prevenir daños y expuso a las víctimas a angustias mentales, actuando, como alegan varias de las demandas, con “indiferencia deliberada” al bienestar de los estudiantes.
“Hay una epidemia de violencia sexual y física en este distrito”, dijo Joseph Zebas, un abogado que ha representado durante dos décadas a varios estudiantes dentro de las escuelas municipales de Hobbs, comenzando con un caso en 2007 en el que una estudiante con una severa discapacidad intelectual fue presuntamente violada por otro estudiante en un baño de la escuela preparatoria de Hobbs.
“Estoy seguro de que hay incidentes horribles que pasan en las escuelas públicas por todo Estados Unidos.” dijo Zebas. “Pero esto ha sido un suceso tras otro. Uno solo espera a ver cuándo ocurrirá el próximo incidente. Y cuando ocurre, el distrito no toma medidas para proteger a los estudiantes. Solo se hacen de la vista gorda.”
“Diles que borren el video”
Un caso que Zebas representó, que involucraba a un estudiante llamado Josh López, se volvió noticia nacional en 2018.
Un estudiante de octavo grado, destacado y jugador de fútbol, López fue invitado a jugar con el equipo de la preparatoria de Hobbs para la temporada de 2016. Cuando su madre, Kristy Lopez, fue a recogerlo del entrenamiento después de clases, recuerda haber visto a los entrenadores celebrando una reunión inusual de media hora en el campo, hablando con los jugadores sobre algo fuera del alcance de los oídos.
Mensajes de texto en el teléfono de Josh revelaron el tema de la junta: unos estudiantes habían grabado a un jugador siendo sexualmente abusado por otro miembro del equipo en el camión escolar. El entrenador les dijo que se deshicieran del video. Los miembros del equipo se mandaban textos desesperados, preguntando si se había borrado.
“Diles que borren el video,” un texto leía. “Si agarro a alguien con el, me los voy a ch*ngar.”
Kristy López empezó a notar que algo estaba raro con su hijo. Se había vuelto introvertido. Algo claramente le molestaba. Ella contrató a Joseph Zebas para que le aconsejara legalmente, y rápidamente el abogado le explicó que Josh le había contado la razón de su estrés — él mismo había sido abusado sexualmente durante el entrenamiento, en un ritual violento, separado, una novatada en el campo de fútbol.
El entrenador, Josh le dijo a su abogado, estaba parado cerca pero simplemente observaba mientras era sometido contra el suelo por jugadores mayores y abusado sexualmente.
La mamá de López —- en ese entonces una maestra de educación especial en la secundaria Houston — dijo que acudió de inmediato al director de la escuela preparatoria.
“Cuando llamé para reportar que me había enterado que mi hijo había sido abusado, el director me dijo que no había nada que pudiera hacer y me colgó,” López dijo, recontando la serie de eventos presentados en una demanda subsecuente que hizo contra el distrito.
La demanda de López detallaba aún más presuntos abusos sexuales que habían ocurrido durante un viaje del equipo a un juego en El Paso. Entre más críticas le llegaban al distrito, tanto a Josh López como a su madre les comenzaban a llegar amenazas de otros estudiantes y padres. Según López, llegó a tal punto que otro padre intentó atacar físicamente a ella durante un partido en el verano.
“La respuesta fue que era nuestra culpa, que éramos unos soplones,” dijo ella. “Le dijeron a mi hijo que si volvía a poner un pie en el campo de fútbol, lo volverían a violar una y otra vez.”
“Mi hijo sufrió durante años por esto, no solo por el incidente inicial, sino por la cultura de culpabilidad de las víctimas dentro del sistema escolar”, ella dijo. “No pudo ni terminar su octavo grado en la escuela. Toda su vida cambió. Ningún niño debería vivir eso. El sistema escolar debería mantener a nuestros hijos a salvo, y fallaron.”
López dijo que nadie de la oficina de Title IX del distrito se contactó con su familia después del abuso a Josh.
Josh presentó una solicitud para ser trasladado a una escuela en Lovington, un viaje de media hora en auto hacia el norte, donde eventualmente se graduó. Él ahora trabaja como barbero en Hobbs y espera algún día tener su propio negocio de barbería. El distrito llegó a un acuerdo con la demanda.
“Realmente no recuerdo mucho de esos días,” dijo en una entrevista. “Como que lo bloqueé. Me tomó mucho tiempo lidiar con todo eso. Solo espero que las cosas cambien en el distrito, al menos para los chicos que están ahí ahorita.”
El superintendente Strickland dijo que las cosas sí cambiaron después de la demanda de Josh. El distrito ha implementado protecciones contra novatadas en equipos deportivos y actividades extracurriculares, dijo, y ha creado una herramienta anónima para que estudiantes y padres puedan hacer reportes y alertar al personal.
“Se les informa a los estudiantes y a los padres sobre ello cada año”, dijo Strickland. “Es completamente lamentable que los menores tomen malas decisiones y lamentablemente esas decisiones tienen consecuencias. Desde la perspectiva del campus, nos estamos asegurando que el personal esté consciente, recordándoles que pongan atención a los estudiantes, y si hay comportamientos preocupantes, hablarlos.”
“No creemos que proteger a los estudiantes signifique simplemente reaccionar después de que algo haya ocurrido,” añadió más tarde Strickland en un comunicado enviado por correo electrónico. “Significa crear sistemas y una cultura diseñados para prevenir daños, animar a los estudiantes y a las familias a comunicar sus inquietudes, responder cuando se plantean dichas inquietudes y evaluar continuamente si nuestras prácticas son eficaces”
“Una respuesta policial no apropiada”
Las clases terminaron por el verano el 29 de mayo, aún sin noticias de la policía sobre el estado de la investigación, dijo Hernández.
Hernández tenía una lista larga de preguntas para los oficiales en el caso — ¿Aún ignoraban la acusación de violación de Larissa? ¿O acaso el examen de abuso sexual enviado por la clínica semanas antes los incitó a abrir esa línea de investigación? Si solo consideraban el video del presunto abuso como el único crimen, ¿qué significaría para su hija?
La policía en Hobbs ha batallado mucho para resolver crímenes sexuales. En los cuatro años desde 2022 hasta 2025, el más reciente de los que tienen datos, los oficiales solo han aclarado 12 casos de violación y abuso sexual de los 295 que se les han reportado, dejando el 96% de esos crímenes sin arrestos o conclusiones.
La determinación rápida del departamento de policía de Hobbs de que el presunto abuso de Larissa fue consensuado y el subsecuente confinamiento de información para la víctima y su madre “no es una respuesta policial apropiada, te lo digo,” dijo Mark Wynn, un teniente retirado en Nashville cuya firma de consultoría capacita a las autoridades en investigaciones sobre abuso sexual y violencia doméstica.
La policía debería mantener comunicación regular con la familia de la víctima, dijo él, y actuar con rapidez para remitir la investigación para su procesamiento penal si se ha cometido un delito.
“En el mismo momento en que la joven dijo que no había sido consentida, debería haberse considerado una denuncia penal”, dijo Wynn.
“No puedo volver”
Larissa pasó las primeras semanas de vacaciones de verano en su habitación según Hernández. Cada día, su madre le ofrecía llevarla a su restaurante favorito, un lugar de comida mexicana llamado “Rosa’s” — normalmente las enchiladas con crema serían suficientes para sacarla de mal humor — pero los golpes en la puerta del dormitorio de su hija no obtenían respuesta. Larissa solo salía de su habitación para sacar dos bebidas de PediaSure del refrigerador cada día, lo más cercano a comida que estaba dispuesta a aceptar.
Después de unas semanas, las pesadillas subsidiaron un poco. Los ataques de pánico que marcaban sus días también mejoraron.
Pero Hernández dijo que comenzó a ver comportamientos extraños cuando salían de casa a hacer pendientes juntas. Una expresión vacía tomaba por completo su cara, “sus ojos se veían vacíos, viendo a la nada,” según lo describió su madre.
En más de una ocasión, dijo Hernández, entraba en estos estados disociados mientras cruzaba la calle o caminaba en el supermercado, saliendo de ellos cuando su madre la tomaba del brazo para preguntarle si estaba bien.
“Lo siento mamá, me fui,” explicaba Larissa.
A principios de junio, fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático durante una visita a una clínica de salud mental local.
“Ya no puede ver el mundo de la misma manera”, dijo Hernández. “Ahorita lucha contra la depresión — es algo que solo no la deja ir. Me pregunta: ‘¿Y si hubiera peleado más fuerte? ¿Y si hubiera pedido ayuda?’ Se siente culpable por no haber hecho más. Siente que perdió su inocencia.”
Después del diagnóstico de Larissa, Hernández realizó el papeleo para remover a su hija del sistema de educación pública y inscribirla en educación en casa. Larissa estaba bien con ello. De hecho, dijo, no había otra opción.
“No puedo volver ahí,” dijo, moviendo su cabeza de lado a lado cuando se le preguntó si extrañaría estar en el plantel durante su octavo año.
Los psicólogos han acuñado un término para referirse al trauma relacionado con escuelas, la policía u otras instituciones de confianza: “traición institucional.” Se trata de un tipo específico de daño causado cuando dichas instituciones no protegen a las personas que tienen encomendado salvaguardar, lo cual conlleva consecuencias tanto psicológicas como prácticas.
“No es solo la agresión,” dijo Hopper. “Sobre todo, no solo es el video. Es la traición institucional por parte del distrito escolar que pensó que la protegería, y luego la policía también. Es una traición masiva, y esto agrava el trauma. Y sabes, estos son eventos que cambian tu vida.”
A principios de julio, Hernández dijo que recibió una llamada de un detective del departamento de policía de Hobbs. Le preguntó si podía ir a la estación a verlo. Ya que sus llamadas a la policía no fueron respondidas, la llamada del detective fue un avance bienvenido.
“¿Tiene algo nuevo sobre el caso?” preguntó ella con esperanza.
“Agarramos un par de teléfonos más” de estudiantes que tenían el video de su hija, dijo él en una conversación que fue grabada y compartida con el Searchlight. “Deberé tener todo listo para mediados de la siguiente semana, y luego se lo puedo enviar a nuestra oficina del fiscal del distrito para que aprueben los cargos. Así que espero que a finales de la siguiente semana, tendremos una decisión.”
Justin Dominguez, el jefe de investigación y portavoz para la oficina fiscal del distrito del condado de Lea, dijo el día 25 de agosto que no han recibido ningún tipo de información por parte de la policía.
Con Larissa cerca de terminar su primera semana de escuela en casa, Hernández dijo que recibió otra llamada, esta vez por parte del coordinador del Title IX del distrito escolar de Hobbs. El 13 de agosto – el día antes de la fecha final que Searchlight les dio para responder a su última solicitud de comentario para esta historia – la oficina de Title IX del distrito abrió una investigación por el presunto abuso.
Parte de la investigación, según el papeleo oficial, examinaría “las circunstancias alrededor de la presunta conducta sexual, incluyendo la acusación [de Larissa] de que su participación no fue voluntaria o consensuada”.
Este artículo se publicó en colaboración con The 19th, un noticiero sin fines de lucro que cubre temas de género, política y políticas públicas.
